A través de los informes realizados por el ingeniero italiano Próspero Casola, entre finales del XVI y principio del XVII, el autor pone en evidencia la necesidad que tuvieron las islas de Lanzarote y Fuerteventura de contar con unas fortificaciones capaces de defender y poder atacar al enemigo. Esta competencia la tenían los señores de las islas a través del cobro del impuesto del quinto pero su incapacidad y ambición obligaron a Felipe II a enviar a las islas ingenieros militares que elaboraron minuciosos informes, entre ellos Casola que residió en Canarias desde 1587 hasta 1647 año en que murió.